A medida que los altavoces portátiles ganan popularidad entre los bañistas, también aumentan las quejas y muchos piden que se prohíban estos accesorios en las playas.
La Autoridad Marítima Nacional (AMN) de Portugal establece que, según el aviso público de playa y los términos del decreto-ley nº 159/2012, de 24 de julio, en conjunción con los instrumentos de gestión territorial —especialmente los Programas de Orla Costera (POC) o los Planes de Orla Costera Aplicables (POOC)—, se prohíbe en las playas el uso de equipos de sonido y la realización de actividades generadoras de ruido que puedan causar molestias.
Las multas pueden “oscilar entre 200 y 4.000 euros para los individuos y entre 2.000 y 36.000 euros para los grupos, como se indica en la Ley n.º 50/2006, de 29 de agosto, sin descartar la posibilidad de sanciones accesorias, como la confiscación del objeto utilizado para cometer la infracción”.
Qué significa esto en la práctica
La norma es más antigua de lo que parece —el decreto-ley data de 2012—, pero se ha aplicado con más rigor a medida que el altavoz portátil se ha vuelto omnipresente. Conviene tener claras cuatro cosas:
- Prohíbe el equipo de sonido, no la música. Con auriculares no hay ningún problema, y nadie va a multarte por una radio a volumen bajo pegada a la toalla. Lo que se persigue es el altavoz que se oye desde treinta metros.
- Aplica a las playas bajo jurisdicción de la Autoridad Marítima, que son prácticamente todas las de baño vigiladas. La bandera y el puesto de socorrismo son buena señal de que estás en una.
- Las cifras son horquillas, no la multa típica. De 200 a 4.000 € para particulares y de 2.000 a 36.000 € para personas colectivas. En un caso normal de un bañista con un altavoz, lo habitual es que un agente te pida que lo apagues y ahí acabe todo.
- Pueden quedarse el aparato. La ley contempla sanciones accesorias, y entre ellas está la incautación del objeto con el que se cometió la infracción.